IV Cumbre de las Américas

RECOMENDACIONES
DEL SECTOR PRIVADO

Encuentro Hemisférico del Sector Privado

“Haciendo Realidad los Beneficios de la Democracia Mediante la Creación de Empleo: El Rol del Sector Privado”

Buenos Aires, Argentina
2 de noviembre de 2005

 Introducción

En preparación para el Encuentro Hemisférico del Sector Privado y la IV Cumbre de las Américas, se realizaron consultas con cúpulas y asociaciones empresariales con el propósito de hacer llegar las opiniones y aportes del sector privado del Caribe, Centroamérica, Cono Sur, Norteamérica y de la Región Andina a estos foros en torno al tema “Haciendo Realidad los Beneficios de la Democracia Mediante la Creación de Empleo: El Rol del Sector Privado”. 

El Encuentro del Sector Privado es la continuación del Primer Foro del Sector Privado de la OEA, realizado en Fort Lauderdale durante la XXXV Asamblea General de esta institución.  Su objetivo es analizar y  poner de relieve iniciativas público-privadas y estrategias para la generación de empleo, destinadas a apoyar a los países miembros a hacer realidad los beneficios de la democracia. 

Estas recomendaciones son el paso inicial de lo que se espera será un diálogo permanente con los Estados miembros de la OEA, que se seguirá desarrollando a fin de asegurar la participación de una amplia base representativa de los diversos sectores del empresariado de las Américas.

Las recomendaciones contenidas en esta compilación se enfocan en su mayoría en los siguientes tres aspectos: 1) Creación de empleo: El papel de la educación y la innovación tecnológica; 2) Creación de empleo: El papel de la gobernabilidad y la transparencia; y 3) Creación de empleo: el papel del comercio, la inversión y el desarrollo de infraestructura.

El documento está dividido de acuerdo a cada subregión del hemisferio.

                                                                                                                                                     THE CARIBBEAN ASSOCIATION OF
                                                                                                                                                             INDUSTRY AND COMMERCE (INC.)
 

INFORME

Contribuciones del Caribe al Encuentro Hemisférico del Sector Privado

“Haciendo Realidad los Beneficios de la Democracia mediante la Creación de Empleo:  El Rol del Sector Privado

Coordinador: Caribbean Association of Industry and Commerce
                      (CAIC)

Ciudad, País: Puerto España, Trinidad

Fecha: 14 de octubre de 2005

 
Introducción:

En un esfuerzo para que el sector empresarial pueda aportar sus ideas e iniciativas con el objeto de cumplir los objetivos de desarrollo en el Hemisferio, los representantes del sector privado y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, como país anfitrión de la IV Cumbre de las Américas, junto con la Secretaría General de la OEA, han organizado el Foro del Sector Privado denominado “Haciendo Realidad los Beneficios de la Democracia Mediante la Creación de Empleo: El Rol del Sector Privado”. A fin de garantizar que se encuentren representadas en este Foro las opiniones del sector privado del Caribe, se ha elegido a la Asociación Caribeña de Industria y Comercio (CAIC) para que se desempeñe como Coordinador de los aportes de las asociaciones empresariales del Caribe.

En la coordinación de este ejercicio, la CAIC optó por utilizar cuestionarios para canalizar las opiniones del sector privado del Caribe. Se enviaron cuestionarios a 110 organizaciones del sector privado del Caribe en Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, República Dominicana, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

A continuación se incluye el Informe sobre los aportes del Sector Privado del Caribe.

Tema 1. Creación de empleo: el papel de la educación y la innovación tecnológica

a) Las organizaciones han desarrollado e implementado una serie de políticas exitosas con el fin de ayudar en la creación de puestos de trabajo mediante la educación y la innovación tecnológica. Algunos ejemplos de ello incluyen la organización de seminarios y talleres sobre la resolución de conflictos; la creación de dos nuevos comités dentro de la organización, siendo estos el Comité de Educación Empresaria y un Comité de Programas para el Desarrollo Empresarial; programas que incluyeron un seminario de desarrollo empresarial anual; debates periódicos en mesa redonda sobre negocios para analizar diversos asuntos; sesiones de revisión de planes de negocios y control de empresas. Una organización contrató a un consultor extranjero para capacitar a los aprendices “en el puesto de trabajo”. Se brindó apoyo a las PyMES mediante la presencia de un miembro permanente en la Junta de la Compañía de Desarrollo de Pequeñas Empresas que se implementó exitosamente. Otra organización implementó satisfactoriamente un Programa de Logros para Jóvenes que enseña a desarrollar la capacidad de emprendimiento en los jóvenes en áreas de negocios que son de relevancia para las economías modernas.

Para ayudar en la generación de empleo a través del papel de la educación y la innovación tecnológica, las organizaciones individualizaron algunas propuestas. Éstas incluían, ayudar a revisar los planes de estudio de manera de que posibiliten el reconocimiento de otros talentos además de los talentos académicos como posibilidades de carrera, continuar ayudando y fortaleciendo a las PyMES a través de las Tecnologías de la Información, promover la creación de programas de incubadora de empresas para favorecer el desarrollo empresarial, construir una red de inversionistas privados (PIN, en inglés) para brindar mayores oportunidades para el financiamiento de riesgo, impartir más seminarios sobre estudios de casos reales, crear un espacio donde los sectores público y privado puedan reunirse antes de las decisiones adoptadas por las reuniones de jefes de estado, de manera de que los debates puedan reflejar el interés en las necesidades del sector privado.

b) Algunas iniciativas privadas y público-privadas recomendaron que las organizaciones del sector privado deben participar más al nivel de toma de decisiones sobre políticas en lugar de al nivel de su implementación, una alianza nacional público-privada con mandato específico para mejorar la competitividad en la educación tecnológica y de formación profesional. Más diálogo y concentración entre el gobierno y el sector privado para establecer políticas e incentivos a fin de sustentar a las PyMES. La creación de organismos para el Desarrollo de Planes de Estudio que tiendan a la Inclusión a nivel Nacional. La privatización de diversas partes de las carteras de los gobiernos y el empleo de estudiantes en Proyectos Nacionales y en programas de pasantías pertinentes, así como el patrocinio del Sector Privado de programas deportivos y artísticos.

c) Las iniciativas prioritarias identificadas fueron las siguientes:

1. Hay una gran necesidad en la región de mejorar el nivel de alfabetización y conocimientos informáticos. Esta necesidad es recalcada en forma constante por los empleadores y constituye un elemento vital para la futura competitividad.
- Se estableció un programa de alfabetización y certificación en informática que será lanzado por el PPP dentro de Bahamas en colaboración con el Instituto Técnico y Vocacional local. El programa elegido es el “IC³” creado por Certiport.
Algunas modalidades de financiamiento posibles para las iniciativas identificadas comprenden el BID para una línea de préstamo que será aplicada a la investigación y la implementación parcial, el Gobierno a través de la organización y la coordinación, BAS en forma de capacitación para docentes y el Sector Privado para el potencial ilimitado y financiamiento en especie.

2. Debe considerarse el flujo de información entre las diferentes organizaciones del sector privado.
 - Deben utilizarse modelos que aporten resultados exitosos.
 - Adoptar parte de ellos dentro de la isla respectiva.
Los fondos para esta iniciativa pueden provenir de Países Donantes, del EDF, del BID, del Banco Mundial y pueden realizarse esfuerzos para establecer financiamiento público-privado.

3. Desarrollo de planes de estudio
- Revisar la participación actual de los interesados
- Determinar necesidades económicas futuras
- Determinar existencia de vacíos en los planes de estudio
- Determinar los interesados deseados para mejorar los planes de estudio
- Diseñar el Comité de Desarrollo de Planes de Estudio mejorado.
Los fondos pueden provenir del Presupuesto Nacional, del Patrocinio del Sector Privado, de donantes, del Banco de Desarrollo del Caribe (CDB)  y de organizaciones multilaterales.

Tema 2. Creación de empleo: el papel de la transparencia y la gobernabilidad

a) Las iniciativas que se desarrollaron para ayudar en la resolución de los asuntos de transparencia y gobernabilidad fueron las siguientes: reuniones mensuales con el gobierno y la publicación de información en el sitio web de la organización; en Bahamas, la Cámara de Comercio creó diversos grupos, un comité de la Cámara para tratar temas de Políticas Públicas y Legislación, un Consejo de Calidad de Bahamas y sobre Sociedad Civil de Bahamas. Otras iniciativas comprendieron la creación de políticas para sustentar la economía y lograr una extensión justa del crecimiento.

A fin de colaborar en la resolución del problema de la transparencia y la gobernabilidad, las organizaciones sugirieron la promoción de PyMES y joint ventures, continuar siendo líderes en el Foro multipartito, un órgano contralor de buenas prácticas de gobernabilidad incluidas en la formación de políticas y la regulación de empresas. Una organización sugirió que puede ayudar mediante el aumento de la conciencia respecto de temas de gobernabilidad corporativa y una mayor participación en la protección y defensa de intereses. Esto puede efectuarse mediante estudios, sondeos y seminarios.

b) Algunas partes recomendaron iniciativas privadas y público-privadas para resolver el problema de la transparencia y la gobernabilidad, incluida la creación de un marco institucional para facilitar el diálogo entre los sectores  público y  privado. Las recomendaciones propuestas incluían un “Laboratorio de Ideas” y el establecimiento de una comisión que incluya todos los sectores, incluida la sociedad civil. Se colocó especial énfasis en la necesidad de que el sector privado participe activamente en los procesos gubernamentales tales como contrataciones públicas, el otorgamiento de concesiones y la necesidad de contar con procesos razonables de concesiones. 

c) Hubo un consenso generalizado por parte de todas las organizaciones respecto de la necesidad de diálogo y consultas con el gobierno. Las iniciativas identificadas incluyeron:

• La revisión de los procesos de contrataciones gubernamentales mediante la determinación y la corrección de las fallas inherentes a éstos, la legislación de los procedimientos internacionalmente aceptados, la creación de una Junta de Licitaciones mejorada para que supervise las contrataciones gubernamentales y la distribución equitativa de oportunidades de contratos. Los fondos para esta iniciativa pueden provenir del gobierno y de la ayuda de donantes.
•  El acceso sin restricciones a la información gubernamental.

Tema 3. Creación de empleo: el papel del comercio, la inversión y el desarrollo de infraestructura.

a) Las iniciativas exitosas desarrolladas por las organizaciones en la solución de la generación de empleos mediante el papel del comercio, la inversión y el desarrollo de infraestructura incluían comprometer al gobierno a unificar esfuerzos para mejorar la infraestructura física en un distrito comercial. Algunas de estas organizaciones forman parte de diversos comités que brindaron asesoramiento e implementaron la distribución de fondos (EDF) mediante la inversión en cableado subterráneo y la distribución apropiada del suministro de agua potable, la realización de conferencias anuales sobre globalización, la preparación de estudios de liberalización del comercio, reforma legislativa y tributaria y la organización de seminarios de reforma pública.

Las organizaciones sugirieron que la asistencia podía efectivizarse mediante consultas tales como la identificación de alianzas factibles entre los inversores locales y extranjeros, aumentando la disponibilidad de estadísticas precisas y pertinentes para la expansión industrial o el nuevo desarrollo empresarial; y la organización frecuente de exposiciones comerciales y el envío de delegaciones comerciales a los mercados emergentes tales como China, India y América del Sur.

b) Las recomendaciones realizadas por las organizaciones establecieron que el gobierno puede brindar concesiones iniciales mientras que el sector privado puede proporcionar el financiamiento del capital de riesgo para el establecimiento de nuevas industrias o empresas de servicios; las empresas privadas más grandes pueden brindar la experiencia técnica en administración y marketing para colaborar con el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, y la organización de exposiciones comerciales o envío de delegaciones comerciales.

c) En relación con la iniciativa de realizar exposiciones comerciales y enviar delegaciones comerciales, las medidas principales requeridas serían el trabajo conjunto entre los ministerios del gobierno, las organizaciones del sector privado y toda otra asociación correspondiente respecto de misiones empresariales extranjeras. Los posibles fondos para esta iniciativa deben incluir financiamiento del sector privado y subsidios del gobierno.
     
Otra iniciativa identificada fue el respaldo a las PyMES. Las medidas requeridas comprendían una joint venture entre empresas grandes y PyMES, en donde las empresas grandes introducen técnicas superiores de administración y marketing en la PyME. Las PyMES crecerán en el ingreso financiero bruto anual a expensas de la titularidad total, lo que redundará en una creación de puestos de trabajo. El sector privado financiaría esta iniciativa mediante la inyección de recursos financieros además de la provisión de asistencia técnica.

SECTOR PRIVADO DE LAS AMÉRICAS
Empresarios de la Sub-Región: Centroamérica,
República Dominicana y Panamá

Coordinador Designado:

Enrique Arturo de Obarrio
Presidente
Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE)

Informe elaborado por:

Keynor Ruiz Mejías
Jorge Nowalski Rowinski

 
El presente documento hace referencia a la preocupación que nace del creciente desaliento de ver que las reformas económicas no han hecho realidad los beneficios efectivos de la democracia.  Algunos de estos beneficios pueden ser resumidos en un crecimiento económico más acelerado, la reducción de la pobreza, puestos de trabajo de mejor calidad y la reducción de la desigualdad.  En este sentido, los Gobiernos de nuestros países han dado muy pocos resultados por lo que se mantiene la plena convicción de que un sector privado fuerte y empresas privadas dinámicas pueden incidir en la generación de empleo, reducción de la pobreza y aumento en el nivel de vida, mediante iniciativas que concatenen los esfuerzos individuales y estimulen a los países a la revisión de sus agendas políticas, y enmarcar estos esfuerzos en una estrategia de desarrollo de los países, de forma tal que las iniciativas se desliguen del ciclo político y trasciendan los gobiernos de turno.

El aporte de los empresarios de América Central, República Dominicana y Panamá, se centra en la discusión alrededor de la generación de empleo a partir de tres ámbitos que destacan como decisivos, entre muchos otros importantes:

- El rol de la educación e innovación tecnológica.
- El rol de la transparencia y la gobernabilidad.
- El rol del comercio, la inversión y el desarrollo de infraestructura.

En cada uno de estos ámbitos se presentan una serie de iniciativas recomendadas y priorizadas.  Posteriormente, se identifican iniciativas consideradas como prioritarias para describir con un mayor detalle el cómo implementarlas.

1. Tema 1: Generación de empleo: el rol de la educación e innovación tecnológica.

Los procesos de innovación en las empresas son resultado de la capacidad de interiorizar el conocimiento, su adaptación y la creación de nuevo conocimiento.  Es a partir de esta necesidad que los empresarios han tomado conciencia de la importancia de invertir en educación y capacitación del personal, la cual, en los casos en que se realiza, deviene en significativos aumentos en la productividad del recurso humano.

La liberalización de mercados y el incremento de la competencia, ha hecho evidente la necesidad de las empresas de innovar, y para ello es cada vez más relevante mejorar las capacidades y competencias del personal con que cuentan estas.  Este ha sido el motivador principal para que algunos sectores, unos más que otros, identifiquen como clave la inversión en formación y capacitación del recurso humano.

No obstante, la base de este esfuerzo individual de las empresas se encuentra en un sistema educativo que ayude a formar la capacidad de aprender (aprender a pensar), que sea más dinámico en identificar a tiempo las necesidades de cambio, que las nuevas formaciones respondan a las nuevas ocupaciones.  La disyuntiva se encuentra en la brecha existente entre la oferta académica y la demanda de competencias laborales.

Por tanto, siendo la inversión en educación un mecanismo del mejoramiento de la empleabilidad de la población, es impostergable la participación de los empresarios en la educación pertinente para satisfacer la demanda real de mano de obra acorde con los procesos de innovación tecnológica.

1.1 Iniciativas recomendadas para contribuir a la solución del problema

a. Promover la adecuación de la educación primaria, secundaria y universitaria a las necesidades reales presentes y futuras.  Que cada nivel se dedique a transmitir efectivamente los conceptos básicos, de tal manera que los niveles superiores continúen con la formación y no tengan que atender las deficiencias del nivel anterior.

b. Fortalecer la educación técnica, de forma tal que haya una mayor correspondencia entre los puestos de trabajo que demanda el sector empresarial y la oferta de recurso humano que se está formando en el sistema educativo.

c. Propiciar la participación de los empresarios, los trabajadores y el Ministerio de Educación en un Consejo Superior de Educación, cuyas responsabilidades de esta cúpula sean entre otras:

- Identificar y definir las carreras prioritarias, tanto universitarias como técnicas y oficios no calificados.

- Definir los contenidos prioritarios y atributos que debe incorporar el pensum escolar (valores, capacidad analítica, iniciativa, creatividad; comunicación, asertividad, asociatividad, emprendedurismo, y otros).

d. Fortalecer los mecanismos de certificación de competencias, que permita a los trabajadores contar con un reconocimiento de sus capacidades y de esta manera coadyuvar a un mejoramiento de la empleabilidad.

e. Fortalecer las bolsas de trabajo privadas, tanto generales como especializadas, que permitan no sólo ser un medio para el encuentro entre la oferta y la demanda, sino también se conviertan en organizaciones de referencia para las instituciones de formación sobre perfiles básicos y las necesidades de las empresas.

f. Propiciar que los sistemas de formación profesional tengan mayor impacto en los polos de desarrollo, de forma tal que se pueda dar respuesta a las necesidades de capacitación que consideren el dinamismo en las diferentes regiones de cada uno de los países.  En este sentido, es fundamental orientar el financiamiento hacia la demanda de capacitación y no hacia la oferta.

g. Dar un impulso a la necesidad impostergable de contar en cada uno de los países con una política efectiva de empleo.

h. Influir para mejorar la competencia del personal docente en términos de actitud y aptitudes.  Que los maestros y profesores se orienten a facilitar la innovación y a motivar el espíritu emprendedor, pero respaldados en un mejor nivel académico y en valores.

- Que los empresarios tengan un puesto en la Comisión que establezca los lineamientos de la Estrategia de Actualización de la educación.

i. Incidir en que la contratación de los educadores no este sujeta a consideraciones de un clientelismo político, sino que responda a las necesidades del sistema educativo en respuesta a una formación dirigida a crear capacidades de aprendizaje.

j. Incorporar en las guías educativas, la enseñanza de criterios de productividad, cultura del trabajo, utilización de tecnologías aplicadas y otros aspectos relacionados al mundo del trabajo.

k. Propiciar el mejoramiento en el perfil de los docentes con base a requisitos críticos como: vocación a la enseñanza, facilidad de expresión, nivel académico, actitud emprendedora, liderazgo y altos valores morales.

l. Fomentar la cultura del gremialismo (empresarial) que responda con rapidez y eficacia a las necesidades reales a las que se enfrentan ellos mismos, de forma tal que los gremios sean más proactivos y menos reactivos.

m. Propiciar y coadyuvar a que los sistemas educativos y de formación profesional mejoren su accionar en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para una mayor adecuación a los requerimientos actuales de los sectores productivos.

1.2 Iniciativa Prioritaria y principales pasos para su implementación

a. Iniciativa:  Propiciar la participación de los empresarios, los trabajadores y el Ministerio de Educación en un Consejo Superior de Educación, que permita coadyuvar al encuentro entre la oferta académica y las necesidades de formación de los sectores productivos.

b. Principales pasos para implementarla:  En el caso de que en el país exista este Consejo, es necesario ampliar la participación de los diferentes actores (empresarios y  trabajadores), de forma tal que en un Consejo tripartito se pueda incidir en una formación educativa acorde con las necesidades de país.  En el caso en que no exista dicho organismo, sería necesario crearlo.  Para ello, se puede utilizar como ejemplo los países que ya cuentan con un Consejo.

c. Alianzas estratégicas: La potenciación de programas gubernamentales orientados a articular la educación nacional con la demanda real dentro del sector privado.

d. Formas de trabajo con otros grupos: Se requiere potenciar un mayor dinamismo de las organizaciones de trabajadores y de los Ministerios de educación, para que un Consejo como éste funcione a manera de cúpula de donde se deriven los lineamientos para las políticas nacionales de educación.

e. Apoyo de instituciones gubernamentales: Ministerio de educación y otras iniciativas gubernamentales orientadas a la capacitación y formación técnica de la fuerza laboral.

2. Tema 2: Generación de empleo: el rol de la transparencia y la gobernabilidad

La relación entre transparencia con gobernabilidad y la generación de empleo es esencial, innegable y fundamental.  En este sentido, la generación de empleo depende en gran medida de un ambiente propicio de estabilidad y confianza entre los actores.  No es sino sobre la base de condiciones como éstas, que la ampliación de la inversión (tanto extranjera como local) puede darse, impactando consecuentemente en el aumento de la demanda de nuevos puestos de trabajo.  Por lo que la transparencia posibilita, entre otros aspectos,  la evaluación crítica de las inversiones del Estado y permite exigir claridad en la cuentas, dirigida a un mejoramiento de su eficiencia.

La estabilidad y la confianza la brindan las reglas claras, la seguridad jurídica, el concurso de todas las partes por mantener un sistema institucional democrático con divergencias, pero donde el marco de la Ley y la institucionalidad cohesionan el sistema, manteniéndose la gobernabilidad. De este modo se logra un ambiente favorable a la inversión y, en consecuencia, al empleo.

No obstante, es importante dejar claro que la transparencia y la generación de un ambiente de mayor confianza entre los actores no se resuelve con más leyes.  La ética en el ejercicio de las acciones y funciones desempeñadas no se logra mediante la coacción, sino más bien es una preocupación que debe estar presente en todas las etapas de formación de las personas.

2.1 Iniciativas recomendadas para contribuir a la solución del problema

a. Es necesario exigir la rendición de cuentas en los entes cuya toma de decisiones incida en la realidad nacional de los países.  Se requiere una vigilancia constante del cumplimiento de la legislación que obliga la rendición de cuentas y la transparencia. Es por medio de la rendición de cuentas que se da un gran paso en la transparencia de las acciones de quienes tienen a su cargo dirigir el rumbo de nuestros países.

b. Impulsar la creación de sistemas transparentes de manejo en los trámites gubernamentales, de manera que se agilice y se minimice el problema de la discrecionalidad y subjetividad de los servidores públicos en la tramitación de permisos y otros procedimientos burocráticos, que se considera como una causa de freno a la inversión tanto local como extranjera.  En este sentido, trabajar bajo el concepto de “islas de integridad” que permitan trabajar casos específicos en dependencias del gobierno y puede contribuir a dar a conocer la factibilidad de los programas de transparencia.

c. Tramitar fondos disponibles de organismos multilaterales para la modernización de la gestión gubernamental y sugerir las reformas estructurales críticas.
d. Fomentar los códigos de conducta en las empresas, los cuales propicien un trato diferenciado en las ofertas de productos o servicios en licitaciones públicas, acompañado del fomento del intercambio de buenas prácticas.

e. Desarrollar programas de auditoria social desde el empresariado, en los que se fiscalicen y acompañen los procesos de contratación de obras públicas.

f. Propiciar que cursos de ética profesional se incluyan en el currículo de todas las carreras (incluyendo las técnicas), así como en la formación primaria y secundaria.

g. Educar en forma permanente al electorado para que tenga una mayor participación en la vida diaria del país y aproveche los mecanismos de participación, además del sufragio cada vez que les corresponda hacerlo.

h. Solicitar participación en los diferentes consejos de decisión, donde las acciones incidan en la dinámica propia de los sectores productivos del país.

i. Abogar por el fortalecimiento municipal, incidiendo no solo en los procesos de descentralización, sino también potenciar las capacidades locales en la detección de oportunidades de desarrollo, teniendo en consideración la realidad de cada país.

j. Fomentar el diálogo entre empresas y gobiernos locales, de forma tal que las necesidades y el accionar de unos y otros cuente con la contraparte de un interlocutor válido en los procesos de desarrollo local.

k. Propiciar la capacitación de los funcionarios en el diálogo y la negociación, incidiendo en los niveles de confianza y credibilidad de los actores.

l. Fomentar el diálogo bipartito (empresarios - trabajadores) que busca la transparencia en la información para la toma de decisiones y la confianza en las acciones que se realizan.

2.2 Iniciativa prioritaria en cuanto a transparencia y principales pasos para su implementación

a. Iniciativa: Fomentar los códigos de conducta en las empresas, que propicien un trato diferenciado en las ofertas de productos o servicios en licitaciones públicas, acompañado del fomento del intercambio de buenas prácticas, así como el fomento de las estrategias institucionales de los gremios, encaminadas a mejorar la capacidad de auditoria social.

b. Principales pasos para implementarla: Es necesario que los gremios cuenten con un experto que les apoye en la formulación de un código de conducta y ética de las empresas, así como en el diseño de sistemas de monitoreo y auditoría.  A partir de ahí, iniciar un proceso de diseminación y formación hacia las empresas que no cuenten con dicho código.  Asimismo, es necesario propiciar un reconocimiento a las empresas que cuenten y apliquen este código, por medio de su consideración en las contrataciones públicas.
c. Alianzas estratégicas: Sin lugar a dudas es de vital importancia contar con el apoyo de una organización como la OIT, para que dichos códigos cuenten con un referente tanto nacional como internacional.

d. Formas de trabajo con otros grupos: Se requiere potenciar una mayor participación de las organizaciones que agrupan a los empresarios dentro de cada uno de los países.

e. Apoyo de instituciones gubernamentales: Valoración del código de cada empresa por parte del Estado en las contrataciones que lleve a cabo.

2.3 Iniciativa prioritaria en cuanto a gobernabilidad y principales pasos para su implementación

a. Iniciativa: Abogar por el fortalecimiento municipal, incidiendo no solo en los procesos de descentralización, sino también, potenciar las capacidades locales en la detección de polos de desarrollo, teniendo en consideración la realidad de cada país.

b. Principales pasos para implementarla: Es necesario capacitar a los funcionarios de los gobiernos locales, para evitar la improvisación en la toma de decisiones.  De igual forma se requiere una mayor dinámica en la transferencia de recursos, que propicie un accionar que se vea influenciado en menor medida por el cortoplacismo.

c. Alianzas estratégicas: Se requiere el apoyo de las instituciones gubernamentales que tengan que ver con el fomento y la asesoría municipal, así como de las diferentes organizaciones que agrupen los gobiernos locales.

d. Formas de trabajo con otros grupos: Se requiere potenciar procesos de comunicación y transferencia de conocimientos entre los diferentes gobiernos locales, de manera que se puedan aprovechar las experiencias exitosas.  Asimismo, es necesario que los sectores empresariales contribuyan con el apoyo en la transferencia de conocimientos en cuanto a buenas prácticas en la organización y administración.

3. Tema 3: Generación de empleo: el rol del comercio, la inversión y el desarrollo de infraestructura

Los procesos de apertura comercial y la promoción de un intercambio comercial ágil y eficiente, se enmarcan dentro de la lógica de una estrategia nacional de desarrollo que potencie la oferta de productos y servicios exportables y se complemente con la importación de insumos requeridos para una mayor dinamización de nuestras economías.  Esto no solo tiene incidencia en el crecimiento económico del país, sino también en la dinámica productiva, generando nuevos empleos y encadenamientos, lo cual permite el surgimiento de nuevas actividades productivas o el crecimiento de otras actividades que se habían quedado rezagadas.

En este sentido, el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, las cuales componen en mayor grado el parque empresarial de nuestros países, necesita un mayor fomento, señales claras y acceso a información clave que le permita tomar las decisiones correctas sobre el rumbo de la actividad productiva del país, siendo la confianza entre los componentes del sistema productivo el dinamizador de la complementariedad entre las diversas actividades que se realizan dentro de nuestros países.

Asimismo, el desarrollo de infraestructura es uno de los principales factores en la atracción de nuevas inversiones y, sobre todo, en la descentralización geográfica de éstas, permitiendo el desarrollo de zonas y regiones tradicionalmente desvinculadas al crecimiento económico de los países, que históricamente se ha concentrado en las grandes ciudades.  El crecimiento de dicha infraestructura puede darse por medio de la inversión pública, que obtiene sus recursos de los impuestos, los cuales no pesan tanto para la sociedad cuando se ven reflejados en obras claves; o por medio de la concesión o contratación, la cual en el largo plazo representa un mayor beneficio para la misma infraestructura, siendo una condición necesaria para este último mecanismo, contar con una adecuada seguridad jurídica y un tratamiento fiscal y tributario competitivo a nivel internacional.

3.1 Iniciativas recomendadas para contribuir a la solución del problema

a. Las asociaciones y distintos gremios empresariales deben hacer un inventario de las necesidades por sector económico para poder, a través de las organizaciones empresariales, presentar posibles focos de inversión estatal estratégica para el desarrollo comercial y económico de cada sector económico, y que esto potencie el desarrollo de los países.

b. La empresa privada en cada uno de los países debe liderar el proceso de definición y propuesta consensuada de la estrategia nacional de desarrollo.

c. Lograr consensos y sinergias entre las distintas asociaciones o gremios e instituciones de Gobierno cuyo objetivo sea la promoción del comercio, la inversión y el desarrollo de infraestructura.

d. Se debe propiciar la estandarización de los trámites dirigidos a la creación de empresas en todos los países de la región, de manera tal que la tramitología no se convierta en un obstáculo casi insalvable en la creación de nuevas empresas.

e. Lograr ejercer incidencia y representación en diferentes áreas (entes), cuya toma de decisiones impacta en el quehacer del sistema productivo de cada uno de los países.

f. Fortalecer la cultura del gremio entre los empresarios, propiciando un accionar como grupo y no como pequeñas iniciativas aisladas.

g. Fortalecer un marco de competencia, con un consumidor informado que vele por sus derechos y sea una fuente de referencia para la calidad.

h. Promover las alianzas estratégicas con empresas extranjeras para afianzar una mayor estabilidad productiva de país y potenciar nuevos focos de inversión.

i. Mejorar el uso del servicio exterior de cada uno de los países para la atracción de inversiones y la promoción de las actividades productivas internas.

j. Organizar misiones de promoción del país - región, tanto en un sentido de visitas de promoción como invitaciones para que visiten nuestros países.

k. Fortalecer la credibilidad en los procesos de concesión de obras públicas, para que esta sea verdaderamente una opción en el desarrollo de la infraestructura, sobre todo en el corto plazo.

l. Fortalecer la profundización y arraigo de los mercados bursátiles.

m. Propiciar la formación de capital de riesgo, de forma tal que exista una base mínima que propicie el desarrollo de ideas innovadoras y fortalezca las iniciativas empresariales que no se desarrollan por no ser sujetas a financiamiento tradicional.

n. Promover el uso de energías y medios de transporte alternativo, que permitan aprovechar las fuentes de energía propias y disminuyan la presión por la demanda de fuentes de energía que se importan.

3.2 Iniciativa Prioritaria y Pasos Principales para Implementarla

a. Iniciativa Prioritaria. La empresa privada en cada uno de los países debe organizar y liderar el proceso de definición y propuesta consensuada de la estrategia nacional de desarrollo.

b. Pasos Principales para Implementarla. Primeramente, es necesario definir el país que se desea.  Posteriormente se deberán detectar y evaluar los obstáculos para el desarrollo que existan tanto a nivel institucional, cultural, económico como jurídico. Posteriormente se establecerán estrategias para superar dichos obstáculos en las cuales existan responsabilidades compartidas entre el sector público y el privado. Finalmente, lograr un cronograma realista que nos acerque más a un Plan de Desarrollo Nacional, del cual se desprenda una política de Estado que se extienda en el tiempo y sea respetada por cualquier partido político o alianza que le toque el turno en la administración del Estado.

d. Alianzas estratégicas: Se requiere fortalecer la “cultura del gremio” entre los empresarios, propiciando un accionar como un solo grupo.

c. Formas de trabajo con otros grupos: Se conciben rutas alternativas.  Una de ellas es buscar el consenso del sector privado y luego incorporar al gobierno; y la otra, buscar directamente el consenso general del país, incluyendo al gobierno.

 
3.3 Iniciativa prioritaria en cuanto a inversión y principales pasos para su implementación

a. Iniciativa: Propiciar la formación de capital de riesgo, de forma tal que exista una base mínima que propicie el desarrollo de ideas innovadoras y fortalezca las iniciativas empresariales que no se desarrollan por no ser sujetas a financiamiento tradicional.

b. Principales pasos para implementarla: Es necesario que las entidades financieras consideren destinar un porcentaje de sus utilidades para el financiamiento de este capital de riesgo, a manera de banca de desarrollo.  Por otra parte debe existir un respaldo empresarial que esté dispuesto a apoyar las iniciativas con el financiamiento de las mismas. Naturalmente este capital deberá de tener algún tratamiento especial en materia fiscal para los que hagan los aportes.

c. Alianzas estratégicas: Sector empresarial y entidades financieras.

d. Formas de trabajo con otros grupos: El principio básico del capital de riesgo en ciernes, es la posibilidad de promover la creación de nuevos proyectos.

3.4 Iniciativa prioritaria en cuanto a infraestructura y principales pasos para su implementación

a. Iniciativa: Fortalecer la credibilidad en los procesos de concesión de obras públicas, para que esta sea verdaderamente una opción en el desarrollo de la infraestructura necesaria.

b. Principales pasos para implementarla: Se requiere de una buena legislación que agilice la ejecución de los procesos.  Asimismo, es imprescindible la seguridad jurídica para evitar los cambios contractuales.

c. Alianzas estratégicas: Alianzas entre empresas nacionales y extranjeras.
 
 

IV CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
Primer Encuentro Hemisférico del Sector Privado

Aportes del Cono Sur

Buenos Aires, Argentina

IV CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
Primer Encuentro Hemisférico del Sector Privado
Aportes del Cono Sur
Buenos Aires, Argentina

El desafío de América Latina es crecer, para ello necesita mejorar su  infraestructura, aumentar su productividad y alcanzar una mejor distribución de la renta que le asegure la cohesión social. El camino para alcanzar estos objetivos es la creación de mayor cantidad de empleos y de mejor calidad.

Destacamos –para ello- la afirmación de la democracia, de los derechos humanos, de la educación, del empleo y de la integración social como marco de todas las iniciativas de la región, ya que han sido la inestabilidad política, la falta de crecimiento y de competitividad, el déficit de empleo y la falta de articulación entre educación y trabajo, que ha caracterizado a la región los responsable de los movimientos pendulares entre circunstanciales situaciones de bonanza y largos períodos de depresión económica y crisis sociales.

Como empresarios sostenemos que, un modelo de libre iniciativa sólo puede existir en un marco de libertad política y calidad institucional. La buena administración, la transparencia y una gestión gubernamental que incentive el ahorro interno y la inversión, son los factores esenciales que podrán acelerar el crecimiento y con ello acortar los tiempos para alcanzar el bienestar y progreso de nuestras sociedades.

Cabe puntualizar que  la discusión sobre los aspectos antes mencionados se produce en el marco de la globalización. Dinámica que esta presente como desafío a superar para concretar los procesos de inversión, de incorporación tecnológica, y el mejoramiento del empleo productivo que nuestra región requiere.

En este proceso un aspecto central lo constituye el marco institucional,  al que debemos analizar en dos planos, el primero corresponde al de la institucionalidad global y, el segundo,  al de la institucionalidad local (o regional). No podemos hablar de Instituciones globales si no existe una sólida estructura en el plano nacional, lo cual tiene como presupuesto la seguridad jurídica o el respeto a la ley para la inversión y el desarrollo de la tecnología, además de reglas justas y transparentes para el comercio ya que nadie puede pretender “comercio”, sin “reglas comerciales justas”.

La globalización se discute a partir de sus efectos en los mercados, pero no se agota en ellos: la libertad de emprender debe ejercerse responsablemente.

Debe reconocerse que uno de los pilares fundamentales para el desenvolvimiento de la empresa y la creación de un entorno propicio a la inversión y el empleo es la democracia y la primacía del Estado de Derecho.

No puede haber empleo si no hay empresas. La creación de empleo como exclusivo producto de la voluntad gubernamental se evidenciado como no sustentable. Actualmente no existen dudas de que como empresarios, somos el factor dinámico para la creación de empleo. Para poder cumplir con nuestra tarea debemos hacerlo con reglas claras que permitan que estos empleos resulten productivos y sustentables.

La regulación laboral debe adecuarse a la realidad productiva para promover el empleo en el sector formal. La experiencia muestra que la “hiper-regulación” no es el camino, pues Latinoamérica confirma que pese a la alta protección nominal legal en lo laboral, la informalidad y el desempleo tienen las tasas más elevadas en términos comparados.

No hay posibilidad de erradicar la pobreza si no generamos empleo, pero ello no se puede hacer desde la simple posición de “mantener” los puestos de trabajo existentes. Hay que crear nuevas posibilidades de empleo, para muchos más y de mejor calidad.  Hay que dar formación profesional a los trabajadores desempleados o subocupados, sino no va a haber real empleo para ellos. Para lograr estos objetivos debe haber instituciones laborales adecuadas. Lo que hay que proteger es “al trabajador” y no simplemente al puesto de trabajo. 

Consideramos asimismo que la promoción de la formalidad económica y laboral es la bisagra a favor del empleo de calidad, y que la única forma de pasar desde el desempleo al trabajo formal es teniendo un marco laboral y fiscal adecuado, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Sino tenemos normas apropiadas para las PyME no se van a poder generar puestos de trabajo dignos, ya que un 60 % del empleo en el mundo es empleo PyME, y este porcentaje es muy superior en nuestra región (entre micro, pequeña y mediana empresa).

Estamos convencidos que debe haber diálogo social permanente fundado en el nuevo paradigma de la cooperación y no una confrontación superada por las nuevas realidades del mundo de hoy. Los cambios que afrontamos, la adaptación que imponen las nuevas formas de organización de la producción, el impacto de la liberalización comercial en términos de competitividad que está muchas veces asociado a relocalizaciones fabriles y migraciones laborales, se suma a los normales desafíos de la relación entre empresarios y trabajadores, haciendo aún más necesario la generación de un clima de diálogo y concertación que permita armonizar los diferentes intereses y prioridades.

Creemos también en el empleo como eje del desarrollo sustentable. Estamos convencidos que hay que buscar sistemas que hagan acceder al empleo digno, con redes de seguridad social efectivas y articuladas con la educación y la formación profesional. Resulta prioritario que se  conjuguen políticas públicas en materia de educación e inversión y específicas para la problemática del trabajo.

Es decir, ello significa articular una serie de factores para generar realmente empleos de calidad, productivos y sustentables y éste es el mensaje central que desde el punto de vista de la política laboral queremos que se tenga en cuenta en La Cumbre de las Américas.

En materia de educación y formación profesional, es igualmente importante la capacitación de los trabajadores como de los empleadores, especialmente los de las PyME, que son finalmente los que generan la mayor parte del empleo en nuestras sociedades. Mejorar la distribución del ingreso requiere no sólo generar empleo sino superar la falta de articulación entre la oferta educativa y la demanda de capacitación de los empleos.

En este marco no podemos dejar de resaltar la importancia que merece  la promoción de una cultura de prevención en materia de salud y seguridad en el trabajo y apoyamos todos los esfuerzos realizados para la eliminación de toda forma de discriminación en el empleo.

El desafío de hoy es crecer con más empleo, hacer de la virtud económica también un proceso virtuoso de integración en lo social, pero a partir no de simples expresiones voluntaristas, sino de un concreto y mancomunado esfuerzo para impulsar la inversión productiva.

El crecimiento económico en el marco de la libre empresa sólo puede existir con libertad política,  calidad institucional y una gestión gubernamental comprometida con la solvencia fiscal y la transparencia de las políticas públicas.

Aspirando a adecuados incentivos a la inversión productiva y al empleo genuino, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, facilitando el acceso a la incorporación de tecnología y a los mercados así como con un sistema educativo que estimule el vínculo entre la empresa y la sociedad para la formación de recursos humanos calificados para los requerimientos de la organización de la producción en un mundo globalizado y altamente competitivo.

Y por ultimo, en la oportunidad que nos brinda la Cuarta Cumbre de las Américas, reconocemos que la integración es una pieza importante en nuestro transito hacia el mejoramiento de nuestra condición económica y social. Sin embargo, creemos que es condición fundamental que esa integración reconozca  las asimetrías y las profundas diferencias existentes en los niveles de desarrollo. Tratamientos diferenciados según el grado de desarrollo son imprescindibles para que la integración  resulte en un proceso ganancioso y más justo para todos.

Sabemos que compartir esta reflexión y buscar coincidencias contribuye al entendimiento y a la cooperación, pues la confianza debe partir de la base de entender nuestras realidades y alentar nuestras esperanzas.

Buenos Aires, Argentina, 2 de noviembre de 2005. 
 
 

3 COSAS SIMPLES

Que los gobiernos pueden hacer para facilitar la generación de empleo, combatir la pobreza y mejorar nuestra competitividad de las Américas

Recomendaciones de la comunidad empresarial de Norteamérica elaboradas por

             
 
Introducción

La IV Cumbre de las Américas llega en un momento confuso para el hemisferio.  Como establece con bastante acierto una versión preliminar de la declaración de la cumbre, “hemos vivido en muchos de nuestros países períodos de alto crecimiento [recientemente], coexistiendo con bajas tasas de generación de empleo, alta concentración del ingreso y un significativo aumento en los índices de pobreza e indigencia.”  En una palabra, la promesa actual no se está cumpliendo.

Desde esta perspectiva, los temas predominantes de la cumbre han sido bien elegidos.  Generación de empleo.  Reducción de la pobreza.  Competitividad en el mercado global.  Para la comunidad de negocios del hemisferio el desafío consiste en enfrentar primero las necesidades más urgentes.  Debemos identificar las medidas que los gobiernos nacionales pueden tomar, ya sea en forma individual o conjunta, para facilitar la generación de empleo, combatir la pobreza y mejorar nuestra competitividad — y comenzar a hacerlo hoy mismo.  Desde el sector privado estamos listos para hacer nuestro aporte, tal como lo explicaremos más adelante. 

Con este propósito, ofrecemos respetuosamente las siguientes recomendaciones a los representantes de los gobiernos que se reunirán en la IV Cumbre de las Américas.  Creemos que estas “Tres Cosas Simples” — si se ponen en práctica — podrían hacer mucho para aliviar la complicada situación que atraviesa la región de las Américas.  El alcance de este trabajo se limita a analizar algunos puntos destacados, aunque ello no debe ser considerado como una falta de compromiso respecto de asuntos como, por ejemplo, las reformas educativas o la lucha contra la falsificación y la piratería. 
 
Los temas que tratamos en este trabajo pueden no formar parte de los asuntos principales de la agenda oficial de la cumbre.  Sin embargo, consideramos que deberían serlo si tomamos con seriedad la generación de puestos de trabajo, la lucha contra la pobreza y el crecimiento de la competitividad. 

Resumen

1 Liberar el mercado laboral para generar empleo
? Reemplazar la imposición de cargas sociales por otros tipos de impuestos.  
? Eliminar las reglamentaciones que desalienten el trabajo de medio tiempo y los contratos a corto plazo o que impongan la obligación de jubilarse a una edad determinada. 
? Eliminar las normas que incrementen significativamente los costos de contratación y despido de trabajadores, y continuar al mismo tiempo con la prohibición de despidos injustos y discriminatorios. 
? Integrar servicios de asesoramiento y el pago de beneficios por desempleo para disminuir el número de reclamos ilegítimos y, al mismo tiempo, darles a los beneficiarios un incentivo para su inserción en el ámbito laboral.
? Dirigir medidas de generación de empleo auspiciadas por el Estado a los trabajadores que por el desempleo ven amenazado su futuro (por ejemplo, población joven desempleada en el largo plazo).

2 Eliminar las barreras a la iniciativa empresarial
? Erradicar la burocracia que hace que constituir una sociedad sea un proceso lento y costoso. 
? Adoptar programas sólidos para registrar tanto los bienes personales como los empresariales para ayudar a los empresarios a obtener crédito y unirse al sector formal.
? Crear sociedades mixtas para diseñar mejores programas que asistan a los empresarios con parámetros integrales para medir su efectividad.  
? Reformar y despolitizar los sistemas judiciales para que se hagan cumplir los contratos de manera consistente, expeditiva y eficiente. 
? Promover la reforma legal para evitar demandas ilegítimas por parte de compañías prontas a ser declaradas en quiebra y el aumento de costos para los consumidores. 
? Promover el uso de métodos alternativos de resolución de conflictos en controversias comerciales. 

3 Fomentar la apertura del comercio para mejorar la competitividad
? Utilizar la Cumbre como una oportunidad para renovar el compromiso de los gobiernos del hemisferio de asegurar un Área de Libre Comercio de las Américas ambiciosa e integral tan pronto como sea posible. 
? Implementar en toda la región de las Américas las medidas de facilitación de negocios referentes a asuntos aduaneros aprobadas en Toronto, Canadá, en la V Reunión Ministerial del ALCA, que tuvo lugar en 1999.
? Adoptar una postura ambiciosa en el Grupo de Negociación para la Facilitación del Comercio dentro del Programa de Doha para el Desarrollo.

Tema 1: Liberar el mercado laboral para generar empleo

Como lo indica el sitio Web de la IV Cumbre de las Américas, “el empleo debe tener un lugar central en la agenda del hemisferio, inseparable de la libertad, la justicia, la seguridad y la protección, puesto que es el principal vehículo para la integración social”. 

Desde la comunidad de negocios no podemos más que asentir.  Sin embargo, muchas veces las normas y reglamentaciones del mercado laboral en las Américas restringen el campo de acción de empresarios y gerentes de negocios, lo que los obliga a contratar menos personas de las que podrían contratar si la situación fuera diferente.  Estas limitaciones del mercado laboral son la raíz del desempleo en muchos países del mundo.

Algunos sostienen que las reglamentaciones que limitan las facultades de los empleadores en cuanto a la contratación y el despido de trabajadores o que imponen altas cargas sociales benefician exclusivamente a los trabajadores.  Sin embargo, las opresivas reglas del mercado laboral obligan a las compañías a contratar la menor cantidad de empleados posible.  Muchas de estas normas sólo sirven para impedir la innovación e inversión empresarial que conducen a la creación de puestos de trabajo. 

Las cargas sociales son un buen punto de partida.  En muchos países de las Américas, los altos costos laborales no relacionados con los salarios — que incluyen complejos beneficios no remunerativos, altas contribuciones para beneficios de desempleo y beneficios sociales, y vacaciones prolongadas — desalientan poderosamente la contratación de trabajadores.  El mensaje que los gobiernos están transmitiendo a la comunidad de negocios es inconfundible: “Por favor, contraten la menor cantidad de empleados que sea posible”.

Los expertos cada vez adoptan más la idea de que las cargas sociales deberían ser reemplazadas por otros impuestos (o eliminados por completo, en lo posible).  De esta manera, la base imponible podría ampliarse e incluir porcentajes más altos de ingresos provenientes de otras fuentes que no sean los salarios. 

Las leyes y reglamentaciones que restringen la capacidad de los empleadores de ofrecer puestos de trabajo de medio tiempo tienen un doble impacto negativo: evitan que las compañías creen fuentes de trabajo y excluyen de los lugares de trabajo a aquellos que sólo están interesados en empleos de medio tiempo.  Estas normas pueden obligar particularmente a las mujeres a abstenerse de buscar empleos formales y, en consecuencia, a ganar menos. Por otra parte,  el hecho de que los hombres y las mujeres tengan más posibilidades de lograr un equilibrio entre el trabajo y la vida familiar genera muchos beneficios, no sólo económicos. 

En igual sentido, las normas gubernamentales que obligan a quienes gozan de buenas condiciones físicas a jubilarse a una edad específica y determinada arbitrariamente privan a los empleadores de personal experimentado que puede no estar interesado en jubilarse.  Los gobiernos también podrían mitigar las restricciones impuestas sobre los contratos laborales a corto plazo.

Al establecer políticas neutrales respecto del empleo de medio tiempo y flexibles respecto de la jubilación, los gobiernos pueden incrementar el nivel de empleo y demostrar, al mismo tiempo, respeto por las libertades económicas.  Los gastos de personal disminuyen y las compañías reciben un incentivo para efectuar nuevas contrataciones. 

Las autoridades regulatorias también necesitan reconocer la relación que existe entre las reglas opresivas sobre el despido de trabajadores y la capacidad de las compañías para ofrecer nuevos puestos de trabajo.  El primer efecto de un sistema legal que prohíbe los despidos es el de desalentar a los empleadores a la hora de contratar: no se atreven a contratar trabajadores adicionales por temor a que se los obligue a garantizarles trabajo de por vida.  Si bien las autoridades regulatorias deben manejar esta situación con delicadeza, es posible darle flexibilidad a las compañías con respecto a los despidos y al mismo tiempo imponer sanciones para los que sean efectuados de manera injusta y discriminatoria. 

Además de eliminar las inflexibilidades del mercado laboral, los gobiernos pueden tomar medidas positivas para lograr que los desempleados encuentren trabajo.  Existe acuerdo entre los expertos en el tema en torno a que las autoridades regulatorias pueden hacer mucho más que proporcionar ingresos a los desocupados.  Al integrar servicios de asesoramiento con el pago de beneficios de desempleo — mediante la aplicación de políticas “activas” del mercado laboral — es posible reducir los reclamos fraudulentos y, al mismo tiempo, dar a los beneficiarios un incentivo para que soliciten asesoramiento.  Acelerar la reinserción de los desempleados al mercado laboral también incentiva las capacidades y herramientas de protección contra los efectos devastadores que acarrea el desempleo cuando subsiste por mucho tiempo (por ejemplo, los altos costos sociales y la expectativa decreciente de que el desempleado encuentre trabajo).

Los sistemas impositivos deberían asegurar que los trabajadores que perciben bajos salarios estén en mejor situación económica cuando están empleados que cuando dependen por entero de los beneficios sociales.  Las asignaciones familiares, las bajas tasas impositivas aplicadas a trabajadores de bajos salarios y los complementos del ingreso para familias pobres motivarán a los empleados a permanecer como población económicamente activa — y a mejorar dentro de ella — en lugar de depender de subsidios del estado.

Las medidas de generación de empleo propuestas por el Estado deberían destinarse a los trabajadores a quienes el desempleo amenaza sus expectativas futuras (por ejemplo, la población joven desempleada en el largo plazo).  Los programas que apuntan a estos grupos deben exigir que se proporcione algún tipo de capacitación respecto del trabajo en cuestión.  Estas precauciones ayudan a asegurar que los esfuerzos del Estado no solamente beneficien a aquellos que tienen mayores probabilidades de encontrar trabajo por su cuenta, como suele ocurrir. 
 
El desempleo no será completamente erradicado en un futuro cercano.  Por eso, la meta predominante de la política del mercado laboral debe consistir en permitir al sector privado crear puestos de trabajo e incorporar a los desempleados a dichos puestos.  La “destrucción creativa” que existe en el corazón de la economía de mercado implica que ningún trabajo es para siempre — aunque garantiza que nuevos trabajos, profesiones e incluso industrias emerjan continuamente.  Con estas estrategias, las autoridades regulatorias pueden mantener los costos económicos y humanos inevitables del desempleo en niveles mínimos.
En resumen, ofrecemos estas recomendaciones específicas a los gobiernos del hemisferio occidental para que sean evaluadas en la IV Cumbre de las Américas:

? Reemplazar la imposición de cargas sociales por otro tipo de impuestos.  
? Eliminar las reglamentaciones que desalienten el trabajo de medio tiempo y los contratos de corto plazo o que impongan la obligación de jubilarse a una edad determinada. 
? Eliminar las normas que incrementen significativamente los costos de contratación y despido de trabajadores y continuar al mismo tiempo con la prohibición de despidos injustos y discriminatorios. 
? Integrar servicios de asesoramiento y el pago de beneficios de desempleo para disminuir el número de reclamos fraudulentos y dar al mismo tiempo a los beneficiarios un incentivo para que busquen trabajo.
Dirigir medidas de generación de empleo impulsadas por el Estado a los trabajadores a quienes el desempleo amenaza sus expectativas futuras (por ejemplo, población joven desempleada en el largo plazo).

Tema 2: Eliminar las barreras a la iniciativa empresarial

Los gobiernos de las Américas deberían también realizar un análisis crítico de los efectos que las reglamentaciones, el sistema legal y los programas de asistencia tienen sobre los empresarios.  A menudo, la excesiva burocracia y la incertidumbre jurídica atan las manos de los empresarios y gerentes de negocios, lo que crea un obstáculo para la generación y el crecimiento del empleo. 

Entre los mejores materiales de referencia disponibles sobre este tema, se encuentran los magníficos informes Doing Business del Banco Mundial.  Estas memorias y balances son los puntos de referencia para la regulación comercial de 155 países — reglamentaciones que benefician o restringen la generación, la inversión y el crecimiento del empleo. 

Si bien los hallazgos de los informes sobre América Latina son sobrios, cabe destacar algunos logros alcanzados por las Américas en los últimos años.  Entre los países que han realizado la mayor cantidad de reformas, Colombia quedó en segundo lugar (detrás de Eslovaquia) en el 2003, al implementar medidas extremadamente útiles para facilitar a sus ciudadanos el desarrollo de empresas y el cumplimiento de los contratos.  En Colombia, “las reformas en las reglamentaciones laborales y de creación de empresas han generado 300.000 puestos de trabajo en la economía formal”, según indica el informe Doing Business in 2005.  Por su parte, la nueva ley de concursos y quiebras de Brasil, sancionada en febrero de 2005, da a las compañías insolventes la posibilidad de reestructurarse sin la necesidad de disolverse, lo que puede traer beneficios significativos con el transcurso del tiempo. 

Sin embargo, las naciones de América Latina y el Caribe no aparecen en los listados de países que han desarrollado la mayoría o las mejores reformas en años recientes.  Estados Unidos, Canadá, y Chile aparecen en los puestos 3°, 4° y 25° respectivamente, del ránking de 155 países del informe “Ease of Doing Business”, aunque la mayoría de países de Latinoamérica y el Caribe han obtenido puestos con percentiles entre el 25 y 50 — esto es, un promedio generalmente menor que el global.  Es evidente que los países de las Américas pueden alcanzar mejores resultados.

Para analizar algunas de las maneras más efectivas en que los gobiernos pueden eliminar reglamentaciones complicadas, podemos comenzar con los procedimientos necesarios para crear una empresa.  Cuando un empresario diseña un plan de negocios, los procedimientos administrativos y legales para constituir la nueva sociedad son los primeros obstáculos que deben superarse.  Tal como sostiene el informe Doing Business, muy a menudo, los gobiernos “aplican procedimientos que son tan complicados que los empresarios tienen que sobornar a los funcionarios para acelerar el proceso y optan por hacer negocios de manera informal”.

En Brasil, por ejemplo, Doing Business in 2006 descubrió que “los empresarios pueden tener que efectuar un procedimiento de 17 pasos para crear una empresa en un promedio de 152 días, a un costo equivalente al 10,1% del ingreso nacional bruto (INB) per cápita”.  En contraposición, el tiempo necesario para crear una empresa en el resto de América Latina y en el Caribe es de 63 días; en los países miembros de la OECD [Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica], por lo general, 19 días son suficientes.  Para dar más poder a los empresarios y reducir el incentivo de permanecer en el sector informal, los gobiernos deberían estudiar las mejores prácticas de los países que han logrado que la creación de empresas sea un procedimiento rápido, fácil y económico.

Facilitar el registro de bienes de las personas es otra área en la cual es necesario progresar.  Los trabajos pioneros del economista Hernando de Soto — El Otro Sendero y El Misterio del Capital — explican cómo los altos costos de los derechos de propiedad débiles caen en forma desproporcionada sobre los pobres.  Cuando los impedimentos para el registro de bienes son altos, los empresarios se ven obligados a operar dentro del sector informal.  Pero la historia no termina allí: sin derechos formales sobre sus bienes, los empresarios no pueden utilizarlos como garantías reales para la obtención de crédito. 

Según Doing Business, los terrenos y edificios representan entre la mitad y las tres cuartas partes de la riqueza en la mayoría de las economías, pero algunas logran aprovechar esta riqueza para expandir la económica.  Las grandes cantidades de “capital muerto”, tal como lo denomina De Soto, de los países en vías de desarrollo contrasta notablemente con las economías más ricas, en las que los bienes son utilizados todos los días como garantías de crédito, que a su vez impulsa el crecimiento económico, genera empleo y amplía la base imponible. 

Desafortunadamente, muchos gobiernos en las Américas hacen que el registro de bienes sea lento, complejo y costoso.  Según Doing Business in 2006, “en México es necesario un procedimiento de cinco pasos y 74 días para registrar los bienes . . . en el caso estándar de un empresario que desee comprar terrenos y edificios en la principal ciudad de actividad comercial — bienes que ya estén registrados y libres de todo reclamo”.  México está cerca del promedio de América Latina con respecto a este tema. En contraposición, sólo toma 33 días registrar bienes en un estado miembro de la OECD.

Debemos recordar, sin embargo, que existe un dato positivo; algunos países han realizado un gran progreso con respecto al incentivo del registro de bienes y sus experiencias son educativas e inspiradoras.  En Perú por ejemplo, país natal de De Soto,  el gobierno emitió títulos de propiedad sobre 1,3 millones de viviendas urbanas durante la última década. Según Doing Business in 2006,  “la seguridad con respecto a los derechos de propiedad ha permitido que los padres de familia salgan a buscar empleo en lugar de permanecer en sus casas para proteger sus bienes y que los niños puedan ir a la escuela.  En consecuencia, la incidencia de trabajo infantil ha disminuido aproximadamente un 30%”.

Asimismo, los gobiernos y las empresas necesitan crear sociedades mixtas para desarrollar mejores formas de ayudar a los empresarios.  A menudo, los malentendidos mutuos e incluso la desconfianza se interponen en el camino de la colaboración entre las empresas y el gobierno sobre temas que se relacionan directamente con el crecimiento de las pequeñas empresas, que son el motor principal de la generación de empleo.  Los gobiernos deben intentar, en especial, que los programas diseñados para asistir a empresarios no se conviertan en subsidios y que esas iniciativas incluyan parámetros integrales para medir su efectividad.  Los programas de asistencia diseñados de manera deficiente pueden fomentar la dependencia y la búsqueda de ingresos en lugar de la verdadera iniciativa empresarial.  Para evitar caer en esta trampa, las sociedades mixtas deben desarrollar puntos de referencia para medir la efectividad de los programas de asistencia a empresarios. 

Además, los gobiernos deben concentrarse en hacer cumplir los contratos, como lo indica Doing business in 2006: “La capacidad de hacer cumplir un contrato es esencial para que las empresas contraten con nuevos prestatarios o clientes. Ante la imposibilidad de hacer cumplir los contratos, el comercio y el crédito quedan restringidos a una pequeña comunidad de personas en donde se desarrollan relaciones informales por parentesco, por la costumbre de realizar transacciones entre sí, o la seguridad de los bienes disponibles”.  Mucho depende de la eficiencia e imparcialidad del sistema judicial, que aquí juega un papel fundamental. 

La imposibilidad de hacer cumplir los contratos menoscaba los pilares de la economía de mercado moderna.  Si los contratos no se cumplen, la confianza social que permite a los compradores y vendedores reunirse en el mercado se desvanece.  Las implicancias a nivel internacional son profundas puesto que, como sostuvo el ex Secretario de Estado de los Estados Unidos, Colin Powell, “el capital es cobarde y va donde sabe que se lo va a cuidar bien”.  Los costos para las empresas mismas y para la sociedad son altos cuando el poder judicial no puede hacer cumplir los contratos de manera consistente, rápida y económica, se trate de una pequeña empresa familiar o de una empresa de energía eléctrica multinacional. 

También en el ámbito judicial, es necesario implementar reformas en varios países para evitar las llamadas demandas frívolas que incrementen significativamente los costos sobre los trabajadores, consumidores, pequeñas empresas y la atención médica.  Ésta es un área en la que Estados Unidos proporciona un ejemplo de lo que debería evitarse.  Según un estudio del año 2004 realizado especialmente por el Instituto para la Reforma Legal de los Estados Unidos, sólo las pequeñas empresas estadounidenses pagan US$88 mil millones por año para cubrir los costos de las demandas basadas en la responsabilidad extracontractual — dinero que podría ser utilizado para contratar trabajadores adicionales, expandir la productividad y mejorar los beneficios para los empleados. Otra investigación demuestra que el costo total de las demandas frívolas en los Estados Unidos supera los US$800 por persona.  
 
Finalmente, la utilización de métodos alternativos de resolución de conflictos en materia comercial podría disminuir el costo de hacer negocios y aliviar la carga que pesa sobre los tribunales del hemisferio.  Para que ésta sea una solución efectiva, las empresas deben incluir disposiciones en sus contratos que requieran el uso de métodos alternativos de resolución de conflictos (conciliación, mediación y arbitraje) en materia comercial.  Los gobiernos pueden ayudar, como lo han hecho muchos en la región, si aseguran que el sistema legal local apoye el uso del arbitraje. 

En resumen, ofrecemos estas recomendaciones específicas a los gobiernos del hemisferio occidental para que sean evaluadas en la IV Cumbre de las Américas:

? Erradicar la excesiva burocracia que dificulta y hace muy costoso el registro de nuevas empresas. 
? Adoptar programas enérgicos para registrar tanto los bienes personales como los empresariales, como forma de ayudar a los empresarios a obtener crédito e ingresar en la economía formal.
? Crear sociedades mixtas para diseñar mejores programas que asistan a los empresarios con parámetros integrales para medir su efectividad.  
? Reformar y despolitizar los sistemas judiciales para que se hagan cumplir los contratos de manera consistente, rápida y eficiente. 
? Promover la reforma legal para evitar demandas frívolas por parte de compañías prontas a ser declaradas en quiebra y el aumento de costos para los consumidores.
Promover el uso de métodos alternativos de resolución de conflictos en materia comercial.

Tema 3: Fomentar la apertura del comercio para mejorar la competitividad.

Ningún análisis sobre competitividad, generación de empleo y desarrollo económico en las Américas estaría completo sin un enfoque importante sobre el comercio internacional.  El comercio es uno de los motores principales de la generación de empleo y del crecimiento económico y ha jugado un papel fundamental a la hora de rescatar a naciones enteras de la pobreza.  Y cualquier hombre o mujer que se dedique a los negocios sabe que las compañías aprenden a ser competitivas sólo compitiendo — tanto en el mercado local como en el mundo. 

Comenzaremos por lo obvio.  El mejor vehículo para impulsar la agenda de comercio del Hemisferio Occidental es el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).  El Instituto de Economía Internacional estimó que el ALCA podría impulsar el crecimiento económico de las Américas en unos US$130 mil millones al año.  El potencial del acuerdo es incuestionable. 

Los líderes electos de las Américas deberían considerar inaceptable el actual impasse en las negociaciones por el ALCA — y deberían reasumir el compromiso de reiniciar las negociaciones lo antes posible.  Las autoridades regulatorias que estén buscando herramientas para enfrentar la cantidad de desafíos económicos que se les presentan hacen bien en ver los acuerdos sobre comercio, por ejemplo el ALCA, como una de las más efectivas en sus cajas de herramientas.  

A modo de ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es el mejor motor de la generación y el crecimiento del empleo, tal como lo prueba el incremento del comercio entre Canadá, México y los Estados Unidos en aproximadamente tres cuartos de billón de dólares durante el año pasado.  Más recientemente, el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos y Chile casi ha duplicado el comercio bilateral desde su implementación, que tuvo lugar hace menos de dos años. 

La comunidad de negocios del hemisferio ve este alto en las negociaciones del ALCA con gran desilusión y estamos listos para apoyar esta iniciativa crítica.  Para la mayoría de nosotros, la meta es concretar un ALCA ambicioso e integral.  Tal acuerdo comenzaría con medidas de apertura del mercado para productos manufacturados, productos agrícolas y la comercialización de otras mercaderías.  Con respecto a los productos agropecuarios, el ALCA podría complementar el esfuerzo en el Programa de Doha para el Desarrollo a fin de terminar con los subsidios a las exportaciones agrícolas, reducir el apoyo local para productores agropecuarios y proporcionar un nuevo acceso al mercado para el comercio internacional de productos agropecuarios. 

Pero el ALCA también debe incluir medidas para liberalizar los servicios, que constituyen más de dos tercios de la economía hemisférica y representan la porción más dinámica del comercio global en la actualidad.  Debe incluir disciplinas para proteger los derechos de propiedad intelectual y las inversiones internacionales.  Estas disciplinas también crearían nuevas reglas básicas para garantizar la transparencia de los logros gubernamentales.  
La visión de un ALCA que cubra sustancialmente todo el comercio y la inversión fue aprobada por los jefes de estado y gobierno del hemisferio, quienes se reunieron en Miami en 1994 en la primera Cumbre de las Américas.  El actual impasse en las negociaciones por el ALCA surgió cuando algunos gobiernos que participaban en las negociaciones propusieron limitar fuertemente el alcance del acuerdo.

Creemos que un ALCA circunscripto y limitado podría ser una oportunidad perdida.  Pero al mismo tiempo, sería desafortunado dejar a cualquier país detrás en un momento en el que tantos gobiernos están reafirmando su fuerte deseo de expandir los lazos comerciales alrededor del mundo.  

Si bien las negociaciones se encuentran estancadas, el mundo ha seguido su marcha.  Durante el último año, varias naciones asiáticas han comenzado a desarrollar agresivamente tratados de libre comercio que podrían en última instancia colocar a los países del hemisferio occidental en desventaja.  Por ejemplo, China y los países de la ASEAN [Asociación de Naciones del Sudeste Asiático] han comenzado a implementar un tratado para liberalizar el comercio de mercaderías con otros elementos del área de libre comercio que aún se encuentran en la etapa de negociación.  Japón ha alcanzado acuerdos con Tailandia, Malasia y las Filipinas y busca lograr un tratado de las proporciones del ASEAN.  Las áreas de libre comercio de Asia aportan energía a los esfuerzos de integración en nuestro propio hemisferio. 

Para superar esta situación, exigimos a nuestros líderes electos que hagan una pausa y recuerden que nuestras naciones son socias naturales.  La gran lección que da el impasse en las negociaciones del ALCA en la actualidad es que la agenda para la liberalización del comercio hemisférico no progresará si el diálogo se degenera en una disputa ideológica entre el norte y el sur. 

Los gobiernos deberían hacer un esfuerzo renovado para escuchar los “intereses ofensivos” enunciados por sus contrapartes en la mesa de negociaciones y preguntarse si la brecha es realmente tan grande después de todo.  Forjar una verdadera sociedad entre el norte y el sur sería enviar una señal poderosa a nuestros propios ciudadanos — y al mundo — de que el desarrollo económico, la generación de empleo y la competitividad son más importantes que la ideología. 

También dentro del área del comercio internacional, instamos a los gobiernos del Hemisferio Occidental a concentrarse una vez más en la facilitación del comercio (FC).  La finalidad de la FC es lograr que el comercio internacional sea más rápido y económico.  Consiste en medidas tendientes a que las aduanas y los puertos sean más eficientes a través de una mejor administración, reglamentaciones más inteligentes, automatización y utilización de comercio electrónico.  También incluye pasos para mejorar la infraestructura de la que depende el comercio. 

Dado el desafío de creciente competitividad establecido por los exportadores asiáticos, es importante mencionar que las economías de la APEC [Cooperación Económica del Asia-Pacífico] ya gozan de los beneficios de sus progresos en esta área.  En el 2002, las economías de la APEC lanzaron un Plan de Acción de Facilitación del Comercio que incluía un compromiso para reducir los costos de transacciones comerciales en un 5% en un período de seis años.  En la reunión en Santiago, en noviembre de 2004, los líderes de la APEC se mostraron orgullosos de anunciar que habían alcanzado su objetivo tres años antes de lo programado.

De hecho, los países de las Américas ya han realizado sus propios compromisos con respecto a la FC.  En 1999, los países que negociaban sobre el ALCA se comprometieron a implementar un paquete de nueve medidas de “facilitación de negocios” referentes a asuntos aduaneros que cubrieron los mismos temas que el plan de acción de la APEC, con gran detalle.  Por ejemplo, los países se comprometieron a despachar envíos expresos a través de las aduanas dentro de las seis horas de haber sido presentada la documentación requerida.  Desafortunadamente, la mayoría de estos compromisos aún debe ser implementada. 

A medida que la preocupación aumenta en las Américas por nuestra competitividad respecto de Asia, las empresas estarían dispuestas a darle la bienvenida a un nuevo enfoque sobre un área en la que los países de las Américas puedan ponerse al día rápidamente.  Para Latinoamérica y el Caribe, la FC ayudará a los productores a lograr el apalancamiento de una de sus ventajas clave sobre Asia — su proximidad respecto de los mercados estadounidenses, canadienses y europeos.  Si las mercaderías permanecen un día en un puerto a la espera del despacho de aduana, el tiempo de ingreso al mercado asociado a esta ventaja geográfica se desperdiciaría.

Si bien la FC genera beneficios significativos si se la adopta unilateralmente, un enfoque global basado en reglas también ofrece ventajas tales como la certeza, la estabilidad y la mayor uniformidad de las medidas aduaneras y administración portuaria. En agosto de 2004, la Organización Mundial del Comercio comenzó negociaciones multilaterales sobre la facilitación del comercio como parte del Programa de Doha para el Desarrollo con el objetivo de “acelerar el movimiento, la liberación y el despacho de mercaderías, incluidas las mercaderías en tránsito”. 

Un estudio realizado por el Banco Mundial demostró que un tercio de los beneficios de las negociaciones del Programa de Doha para el Desarrollo podrían provenir de la FC.  Los países de las Américas pueden realizar un aporte importante  para asegurar estos beneficios mediante la adopción de una postura ambiciosa y progresista dentro del grupo de negociación de FC de Doha. 

Los autores de este informe han establecido una coalición ad hoc que consiste de aproximadamente 100 de las empresas con mayor influencia del Hemisferio Occidental para respaldar un enfoque renovado respecto de la FC — tanto para la reforma nacional como para lograr compromisos multilaterales dentro del Programa de Doha para el Desarrollo. A tal fin, se dará a conocer una declaración conjunta en la víspera de la IV Cumbre de las Américas. 

En resumen, ofrecemos las siguientes recomendaciones a los gobiernos del Hemisferio Occidental  en oportunidad de su reunión  en la IV Cumbre de las Américas:

? Utilizar la Cumbre como una oportunidad para renovar el compromiso de los gobiernos del hemisferio de asegurar un Área de Libre Comercio de las Américas ambiciosa e integral tan pronto como sea posible. 
? Implementar en todas las Américas las medidas de facilitación de negocios referentes a asuntos aduaneros aprobadas en Toronto, Canadá, en la V Reunión Ministerial del ALCA, que tuvo lugar en 1999.
? Adoptar una postura ambiciosa en el Grupo de Negociación para la Facilitación del Comercio dentro del Programa de Doha para el Desarrollo.

Es nuestra intención que los destinatarios de este documento — los gobiernos del Hemisferio Occidental — reciban estas recomendaciones con el espíritu constructivo pretendido.  Nadie toma los desafíos de generación de empleo, competitividad y reducción de la pobreza con más seriedad que la comunidad de negocios del hemisferio. 

Después de todo, cuando hablamos de competitividad, son nuestras compañías las que de hecho compiten.  Cuando hablamos de puestos de trabajo, es el sector privado el que los crea o mantiene.  Esto se aplica incluso al empleo dentro del sector público, donde las nóminas de trabajadores dependen de la recaudación impositiva proveniente de los ciudadanos y las compañías privadas. 

Existe un factor común en torno de las recomendaciones desarrolladas anteriormente que no deberíamos dejar de mencionar.  Estamos preocupados por que los gobiernos del hemisferio no comprendan del todo la naturaleza y el alcance de los problemas que nuestras recomendaciones buscan resolver.  La versión preliminar de la declaración de la cumbre establece que: “En el pasado, muchos gobiernos adoptaron un enfoque basado en el ‘dejar hacer, dejar pasar’ con respecto a los mercados, sin darse cuenta de que para que ese enfoque funcionara era necesario fortalecer el Estado”.  Hay algo de verdad en todo esto, pero nosotros, dentro de la comunidad de negocios, no apoyamos a un Estado débil — ni a uno fuerte.  Por el contrario, reclamamos la existencia de políticas de estado inteligentes. 

Porque después de todo es muy común que nuestros gobiernos obstaculicen la generación de empleo y el desarrollo económico. Con demasiada frecuencia, las normas laborales, aunque bienintencionadas, transmiten a los gerentes de negocios la idea de no contratar más trabajadores; los obstáculos burocráticos y las políticas públicas débiles hacen que los empresarios tarden semanas e incluso meses en lanzar nuevos emprendimientos; o los funcionarios no aprecian los costos que las barreras al comercio -desde tarifas hasta la excesiva burocracia- implican para la sociedad.  Y también con demasiada frecuencia, los gobiernos impiden que el sector privado cree puestos de trabajo, desarrolle la economía y compita efectivamente en el mercado global. 

No negamos que los gobiernos tienen un rol positivo y esencial en el desarrollo económico: desde la educación y capacitación hasta los programas sociales y la infraestructura.  Esperamos que la IV Cumbre de las Américas sea un foro útil para debatir algunas de estas prioridades. Pero ante todo esperamos que los gobiernos escuchen estas simples recomendaciones sobre las formas de liberar el poder de los emprendimientos privados. 

Las naciones de las Américas obtendrán buenos resultados si invierten en estas reformas.  No hay razón por la cual los “jaguares” potenciales de las Américas no puedan experimentar bajos niveles de desempleo, reducción de los índices de pobreza y el aumento de los ingresos que han logrado los “tigres” asiáticos.  Debemos recordar que una generación atrás, Asia Oriental era mucho más pobre que América Latina y el Caribe.  La adopción del tipo de políticas descriptas en este trabajo por parte de Asia Oriental es la razón principal de su progreso económico y social.  Ese ejemplo — y la recuperación de decenas de millones de asiáticos de la pobreza — debería inspirar a los ciudadanos de las Américas a lanzar una nueva ola de reformas.

En conclusión, mientras nos preparamos para el inicio inminente de la cumbre, no caben mejores palabras que aquéllas que se dijeron en otra ocasión, cuando la comunidad de negocios del hemisferio se reunió en Argentina para discutir sobre negocios e integración en el hemisferio.  En el IV Foro Empresarial de las Américas, que tuvo lugar en la víspera de la Reunión Ministerial del ALCA de Buenos Aires en abril de 2001, uno de los organizadores, Antonio Estrany y Gendre, cerró el evento con su discurso de los Diez  Mandamientos, que muchos participantes recuerdan hasta el día de hoy.  Al hablar a los ministros de comercio del hemisferio en nombre de la comunidad de negocios, sintetizó los principios para la integración económica en el hemisferio y concluyó con el décimo mandamiento — Queremos ayudar, por favor, déjennos ayudar. 

Con sumo respeto, transmitimos estas palabras a los jefes de estado y de gobierno que se reunirán en Argentina — Queremos ayudar, por favor, déjennos ayudar.
 
HACIENDO REALIDAD LOS BENEFICIOS DE LA DEMOCRACIA MEDIANTE LA CREACIÓN DE EMPLEO: EL ROL DEL EMPRESARIO

IV CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
Buenos Aires, Argentina
2 de noviembre de 2005

NOMBRE DEL INFORME: Propuestas Sub Región Andina

ASOCIACIÓN COORDINADORA: Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio – Confecámaras.

RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN: Eugenio Marulanda Gómez, Harvey L. Rodríguez Sanders, María Alejandra Gutierrez Duque

ASOCIACIONES EMPRESARIALES CONSULTADAS:

Colombia
- Consejo Gremial Nacional de Colombia
- Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio – CONFECÁMARAS
- Asociación Nacional de Industriales – ANDI
- Federación Nacional de Comerciantes – FENALCO
- Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia - ASOBANCARIA
- Sociedad de Agricultores de Colombia - SAC

Bolivia
- Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz  -CAINCO
- Cámara de Comercio y Servicios de Cochabamba
- Cámara Departamental de Industria de Cochabamba
- Cámara de Industria y Comercio de Chuquisaca
- Cámara Nacional de Industrias
- Cámara de Exportadores de Santa Cruz
- Cámara Forestal de Bolivia

Ecuador
- Federación Nacional de Cámaras del Ecuador
- Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas - ANFAB
- Asociación de Industriales Madereros del Ecuador – AIMA
- Asociación de Línea Blanca del Ecuador – ALBE
- Asociación De Empresas Automotrices Del Ecuador - AEADE

Perú
- Sociedad Nacional de Industrias

Venezuela
- Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela – FEDECAMARAS
- Cámara de Comercio de Maracaibo

1. Tema 1: Generación de empleo: el rol de la educación e innovación tecnológica

a) Antecedentes:  
  
La satisfacción de las demandas sociales y el mejoramiento permanente de la posición competitiva de cada país, en el marco de una creciente integración comercial globalizada, depende en gran parte de la capacidad que cada nación tenga para generar respuestas eficaces e innovadoras en materia educativa, científica y tecnológica.

Es evidente que la existencia de una política en materia de ciencia y tecnología no es garantía suficiente para que cada país pueda desarrollar de forma sistemática  conocimiento e innovación científica y tecnológica, que permitan la generación de mas y mejores empleos; estas políticas tienen que trascender las coyunturas políticas y económicas para institucionalizarse como parte de todas las prácticas sociales.  Deben superarse las barreras que sostienen un muy bajo nivel de vinculación del sector privado con programas de investigación en Ciencia y Tecnología en la región andina.

No obstante la existencia de instituciones estatales cuya finalidad es la formación técnica y tecnológica acorde a los requerimientos de la industria, como el SENA en Colombia, el SENATI en Perú y el INCE PNA en Venezuela, la oferta académica no se actualiza a la velocidad con la que crece la demanda tecnológica que exigen los mercados interconectados. De otra parte, existe un común denominador para todos los países de la región y es la dificultad de integración entre la universidad y la empresa privada.

Para subsanar esta debilidad, el sector empresarial de la región, de forma independiente, ha incursionado en la creación de universidades, institutos politécnicos de enseñanza superior e intermedia y en el desarrollo de programas de capacitación y formación para atender requerimientos particulares de sus sectores. Urge integrar las necesidades  de capacitación productiva y los programas de formación promoviendo la creación y el fortalecimiento de encadenamientos innovación-producción-formación.

b) Iniciativas Recomendadas:

- Promover, de forma participativa, en cada país, una política de Estado integral para el desarrollo de la investigación científica, la innovación tecnológica, el mejoramiento de la educación y la formación para el trabajo.
- Propiciar al interior de la comunidad andina los flujos de información de carácter científico y tecnológico especialmente los que puedan darse entre empresas y centros de educación y/o investigación.
- Incentivar en cada país, el diseño y desarrollo de una agenda nacional para el avance científico y tecnológico.
- Promover la asignación de recursos privados a grupos de investigación en Ciencia y Tecnología, a través de concursos, premios y otras modalidades de estímulo y/o subsidio.
- Sincronizar la investigación tecnológica impulsada por el sector empresarial con fondos del Estado destinado para tal fin.
- Fortalecer el vínculo Universidad – Empresa para el desarrollo de investigación en ciencia y tecnología.
- Fortalecer al interior de la subregión, programas académicos de Doctorados e incrementar el apoyo económico brindado por el Estado a la formación de doctores en el exterior.
- Estimular la creación de fondos de capital de riesgo para la innovación tecnológica en las empresas.
- Establecer modificaciones e incorporaciones a las leyes y reglamentos tributarios de carácter nacional y subnacional para introducir más y mejores incentivos a  la creación de empresas generadoras y/o intensivas en el uso de tecnología.
- Implementar incentivos tributarios para que las empresas (grandes, medianas y pequeñas) adopten y/o incrementen sus programas de capacitación, especialmente aquellos certificados para trabajadores de bajo nivel educativo. La empresa como centro de la actividad educadora.
- Diseñar los incentivos que permitan la creación, ampliación y fortalecimiento de clusters de alta intensidad tecnológica.
- Concretar convenios de cooperación interinstitucional (público-privados, nacionales e internacionales) para el financiamiento y desarrollo de centros y/o programas de formación técnica y tecnológica.
- Fomentar el bilingüismo en todos los niveles educativos (aumento del número de horas y formación de docentes).
- Consolidar en cada país un sistema nacional de información sobre demandas y tendencias del mercado de trabajo, que sirva de guía a las instituciones académicas para el desarrollo de programas de formación profesional.
- Establecer modificaciones legales que brinden mayor flexibilidad a los contratos de aprendizaje y convenios de formación laboral juvenil y demás modalidades formativas.

 
c) Iniciativa prioritaria y su implementación:

Iniciativa:
Promover, de forma participativa, en cada país, una política de Estado integral para el desarrollo de la investigación científica, la innovación tecnológica, el mejoramiento de la educación y la formación para el trabajo.

Implementación:
- Promover una alianza entre sector privado y sector público, tanto en el ámbito nacional como subnacional, para la puesta en marcha de un proceso participativo que permita establecer y valorar prioridades en materia educativa, científica y tecnológica.
- Promover en cada país, una amplia participación ciudadana para la construcción de una agenda nacional de compromisos institucionales que permitan el desarrollo de la Política de Estado en materia de ciencia, tecnología, educación y formación para el trabajo.
- Promover una auditoría al proceso de consulta en cada provincia o departamento de cada país que avale los consensos logrados alrededor de la Agenda Nacional.
- Promover la vinculación de organismos internacionales tales como PNUD, OEA, BM, BID y CAF a los procesos de construcción de una Agenda Nacional para coadyuvar al éxito de su diseño e implantación, así como para canalizar y optimizar recursos financieros a programas y proyectos estratégicos de educación, ciencia y tecnología.

2. Tema 2: Generación de empleo: el rol de la transparencia y la gobernabilidad

a) Antecedentes:  

Los países que forman parte de la Comunidad Andina de Naciones, presentan en su particularidad, amenazas diferentes contra la gobernabilidad, hechos que afectan duramente su confiabilidad y por ende debilitan su estructura económica.

En Bolivia, Ecuador y Perú la crisis política, ligada a las denuncias de creciente corrupción, han ocasionado fuertes debilitamientos a la figura de la presidencia, generando adicionalmente una enorme falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.

En Colombia, aunque se mantiene una amplia y favorable credibilidad en la figura del presidente, así como en las fuerzas militares, se reconoce un persistente problema de orden público por cuenta de los grupos al margen de la ley, constituyéndose en la mayor amenaza a sus instituciones y la democracia.

En Venezuela, los continuos cambios en las instituciones y las altas dosis de polarización en su interacción política, dificulta la construcción de consensos y genera un clima de incertidumbre que limita las oportunidades de inversión.

Favorablemente, las circunstancias adversas han motivado un creciente involucramiento del sector privado en los asuntos de lo público, a partir del desarrollo de y participación en iniciativas que tienen por objeto contrarrestar y prevenir el fenómeno de la corrupción en sus diversas manifestaciones, así como incrementar los niveles de participación ciudadana, transparencia, responsabilidad y eficiencia en la gestión de las entidades públicas.

La informalidad es otro factor que está incidiendo negativamente a la gobernabilidad general del sistema en la Región. Si la mitad del empleo es de carácter informal, se reduce la competitividad general de nuestras economías, se genera un desestímulo a la actividad formal, que compite en condiciones desiguales con estas actividades, resulta inviable cualquier sistema de previsión social (especialmente salud y pensiones) y se generan dificultades adicionales para identificar y promover políticas de formación de capital humano.

La falta de gobernabilidad y la consecuente pérdida de credibilidad en las instituciones son la principal causa para que el conjunto de los países de la región sean mal calificados por el Índice de Percepción de Corrupción 2005 desarrollado por Transparencia Internacional.

.b) Iniciativas Recomendadas:

- Propiciar acercamientos entre sector público y sector privado (tanto nacional como local) para el desarrollo de estrategias puntuales que propendan por la defensa y fortalecimiento de la institucionalidad, así como el involucramiento de la ciudadanía en los asuntos de lo público. 
- Desarrollar al interior del sector privado un proceso de divulgación y formación integral alrededor de temas relacionados con la ética empresarial y la ética de lo público para ser aplicados en todo proceso productivo, principalmente en aquellos que son contratados por el Estado para el cumplimiento de sus fines.
- Promover en el sector privado la aplicación a principios de buen gobierno corporativo y buenas prácticas tanto en los procesos productivos como en los de comercialización.
- Desarrollar programas, estilo ventanilla única o centros de atención empresarial, que permitan reducir la cantidad de trámites y permisos solicitados ante el Estado y la discrecionalidad de sus funcionarios.
- Consolidar en los organismos de control del Estado, mecanismos eficaces para la atención e investigación de denuncias de irregularidades por parte de funcionarios, ciudadanos, organizaciones sociales e incluso agentes del sector privado.
- Desarrollar y aplicar de forma periódica indicadores que evalúen el desempeño institucional y el involucramiento de diferentes estamentos sociales en los asuntos de las administraciones públicas.
- Promover la permanente realización de ejercicios de rendición de cuentas por parte de las administraciones públicas del país.
- Fortalecer los partidos políticos en todas sus dimensiones a fin de consolidar la democracia y recobrar la credibilidad de las instituciones políticas.
- Profundizar la democracia mediante la instauración, donde no exista, y fortalecimiento, donde lo haya, de mecanismos de elección de autoridades gubernamentales y legislativas en los departamentos, provincias y municipios de cada país.
- Promover mecanismos de control social al manejo de los recursos públicos en áreas como el suministro de servicios de salud (incluyendo suministro de agua y saneamiento), educación, acceso a la justicia, contratación estatal y sostenibilidad del medio ambiente.
- Promover la consolidación de comités público-privados que tienen como objetivo asesorar los diferentes agentes económicos en el desarrollo de gestiones transparentes y el cumplimiento normatividades vigentes en materia comercial, contractual, laboral y biotecnológica.
- Promover políticas de reclutamiento y selección de funcionarios públicos no discriminatoria y basada en méritos.
- Flexibilizar las normas laborales existentes, sin ir en contra de la dignidad humana, con el objetivo incentivar la formalización del mercado laboral.
- Promover la RSE como mecanismo de interacción base entre el empresario y la sociedad civil organizada de su entorno, para propiciar mayores niveles de compromiso amplio con las necesidades más sentidas de la comunidad.

c) Iniciativa prioritaria y su implementación:

Iniciativa:

Propiciar acercamientos entre sector público y sector privado (tanto nacional como local) para el desarrollo de estrategias puntuales que propendan por la defensa y fortalecimiento de la institucionalidad, así como el involucramiento de la ciudadanía en los asuntos de lo público.

Implementación:

- Determinar debilidades y fortalezas de la institucionalidad pública y privada.
- Identificar actores institucionales con credibilidad tanto en el ámbito local como nacional, con liderazgo y capacidad de convocatoria.
- Identificar de la mano con las organizaciones de la sociedad civil, proyectos puntuales de inversión de amplio impacto social y con potencial para el fortalecimiento de la competitividad local y nacional.
- Someter dichos proyectos al control e involucramiento de la ciudadanía antes, durante y después de su ejecución.

3. Tema 3: Generación de empleo: el rol del comercio, la inversión y el desarrollo de infraestructura

a) Antecedentes:  

La falta de competitividad, como un problema integral en cada país, ha limitado enormemente la capacidad de aprovechar intensivamente las preferencias arancelarias que tiene la comunidad andina en mercados como el de Estados Unidos y Europa.

Sin duda alguna, la modernización de la infraestructura vial terrestre y portuaria (marítima, aérea y férrea), así como de suministro eléctrico, telecomunicaciones, suministro de agua y saneamiento, gas, etc… son un factor de trascendental importancia para incrementar nuestra competitividad. Adicionalmente, es imperativo actualizar el uso del suelo urbano,  para promover su uso más eficiente, en el marco del crecimiento sostenido de nuestras ciudades.

En el marco de la integración comercial global, la importancia de las transacciones de grandes volúmenes con el fin de lograr precios de venta mas competitivos, ha convertido a la logística de carga en punto de obligada referencia por su impacto transversal tanto para las pymes como para las grandes empresas. De igual modo ha destacado, relevancia de la asociatividad comercial, como mecanismo para generar economías de escala y reducir así costos de transacción.

b) Iniciativas Recomendadas:

- Evaluar y jerarquizar las infraestructuras existentes y su contribución a la competitividad y productividad de sectores económicos estratégicos para cada país.
- Consolidar la interconectividad vial entre los grandes centros urbanos de producción y los puertos de comercialización.
- Mejorar condiciones existentes de acceso y logísticas en puertos marítimos, fluviales, aéreos, terrestres y férreos.
- Modernizar las condiciones para el cabotaje en los puertos nacionales tanto para el tráfico nacional como internacional.
- Modernizar los aeropuertos existentes y posicionar en cada país al menos un HUB de carga principal.
- Mejorar condiciones de operación de los terminales y pistas de regiones apartadas de carácter rural.
- Consolidar navegabilidad fluvial en los principales ríos de cada país.
- Desarrollar complementariedad en el transporte multimodal (Vial, Aéreo, Férreo, Fluvial y Marítimo) como política de Estado.
- Desarrollar un marco normativo que regule la actividad logística involucrando modificaciones a los Planes de Ordenamiento Territorial.
- Estimular la formalización de las microempresas y las PYMES, mediante la simplificación y reducción al máximo de los trámites existentes para su creación.
- Estimular buenas prácticas de gobierno corporativo al interior de la comunidad empresarial de tal modo que se facilite su participación en el mercado público de valores.
- Hacer de los procesos contractuales del Estado una herramienta para el desarrollo de la competencia y el fortalecimiento de las Pymes.
- Modernizar normas que regulen y simplifiquen los procedimientos  contractuales del Estado con particulares.
- Integrar al interior de cada país, procesos productivos existentes que consoliden cadenas productivas con alta demanda de mano de obra.
- Realizar estudios profundos de los bloques comerciales con alto potencial para la integración.
- Vincular dichos estudios a estrategias de reconversión industrial para la más exitosa inserción en los nuevos esquemas de competencia regional y global.
- Facilitar la constitución de zonas de integración fronteriza y la aplicación de las resoluciones conjuntas que surgen a partir de dichos acuerdos internacionales.

c) Iniciativa prioritaria y su implementación:

Iniciativa:

- Desarrollar complementariedad en el transporte multimodal (Vial, Aéreo, Ferreo, Fluvial y Marítimo) como política de Estado.

Implementación:

- Consolidar una regulación integral que cumpla con requisitos mínimos como lo son coherencia, independencia, transparencia, previsibilidad y capacidad que se armonice con Planes de Ordenamiento Territorial a fin de eliminar la inflexibilidad normativa que impide el adecuado desarrollo de la infraestructura necesaria para lograr la competitividad.
- Generar condiciones de estabilidad tributaria que genere tranquilidad en los posibles inversionistas.
- Evaluar la posibilidad de generar incentivos tributarios para dinamizar la iniciativa privada en proyectos de infraestructura.
- Realizar ajustes en materia presupuestal y fiscal que permitan una inversión sostenida anual superior al 2.3% del PIB.
- Consolidar un proceso de descentralización y autonomía de las entidades territoriales para la generación de competencias y recursos propios que contribuyan al mantenimiento de la red vial secundaria y terciaria.
- Consolidar al interior de cada país una estrategia que privilegie el sistema multimodal.
- Desarrollar un instrumento de planeación de la infraestructura a largo plazo que permita la integración en el tiempo de los planes de desarrollo cuatrienales.